Los transportistas anuncian movilizaciones ante la expulsión de la mitad de las flotas de Barcelona

A partir del 1 de abril, furgonetas y camiones serán objeto de nuevas restricciones en la ciudad de Barcelona que, según apuntan las principales asociaciones catalanas del sector, supondrán en la práctica expulsar a más de la mitad de la flota que opera actualmente en la Ciudad Condal. Al respecto, más de 2.000 profesionales se han unido, anunciando posibles movilizaciones si las Administraciones locales no se avienen a negociar una solución viable.
La decisión se ha hecho pública a poco más de una semana del siguiente paso previsto en la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, ZBE, un territorio con una extensión superior a los 95 km2. Si en un primer momento ello comportó la restricción de circulación de los vehículos privados más contaminantes, aplicándose de forma progresiva al resto de categorías según la etiqueta ambiental de la DGT, ahora la regulación medioambiental contempla la prohibición de circulación de furgonetas y camiones que no dispongan del distintivo.
Esta medida, que históricamente ha contado con el rechazo de las principales asociaciones catalanas de transportistas, entre otras, AGTC, ASTAC CONDAL y GREMI del TRANSPORT, ha sido considerada “inasumible y poco realista”, ya que, como indican, supondría la expulsión del 56 por ciento de los vehículos ligeros y el 59 por ciento de los vehículos pesados, según consta en la memoria de impacto económico que se elaboró para la aprobación de la Ordenanza.
Por ello, las asociaciones de transportistas han elaborado un manifiesto conjunto del sector del transporte de mercancías de Barcelona y otros subsectores sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que ya ha sido suscrito por más de 2.000 transportistas afectados.
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Los términos
Apelando al carácter esencial y necesario del transporte de mercancías, el manifiesto pone de relieve que la entrada en vigor de la ZBE “no ha ido acompañada de las adecuadas modificaciones normativas y ayudas a las cuales se había comprometido la administración”.
Por ello, a través de cuatro puntos, reclaman:
Que el transporte sea parte activa en la lucha contra el cambio climático, pero “de forma realista y sin que se produzcan perjuicios irreparables al sector”.
Que la administración responda a su obligación de garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de esta actividad y los puestos de trabajo que de ella dependen.
Que todos los vehículos adscritos profesionalmente a la actividad y sobre todo los que requieren de una autorización de transporte, deben quedar exentos de las restricciones de circulación para la ZBE, mientras las propias Administraciones no faciliten los medios para la adecuada reconversión.
Que se cree un marco legislativo y medidas adaptadas a la situación, así como ayudas directas para poder llevar a término la reconversión del sector del transporte de la manera más pronta y eficiente posible.
Concluyendo, el manifiesto cierra el escrito asegurando que, de no lograrse un acuerdo entre las partes implicadas, los transportistas y asociaciones “quedamos abocadas de forma irremediable e inmediata, a movilizarnos y manifestarnos en defensa del sector, otros sectores y subsectores, que puedan estar afectados”.